Agencia Virtual de Prensa –AVP-. Muchísima preocupación ha despertado en el representante a la Cámara, Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán, el cuello de botella en que se ha convertido el proceso de adopción en Colombia, con el consecuente perjuicio para más de 40 mil niños, niñas y adolescentes declarados en estado de abandono.
El problema, paradójicamente, surge de la Sentencia de la Corte Constitucional T-844 de 2011, según la cual, para la adopción de menores de edad debe buscarse la familia extensa, hasta en el sexto grado de consanguinidad.
“Paradójicamente -dice el Congresista antioqueño- porque la decisión de la Alta Corte, salvaguarda de la Carta Política que consagra nuestro Estado Social de Derecho, afecta a sujetos de especial protección constitucional, frente a los cuales el Estado, la sociedad y la familia tienen la obligación de garantizar su prevalencia, en los amplios términos del artículo 44 constitucional”.
Nicolás Albeiro Echeverry recuerda que Colombia brindaba facilidades para la adopción, permitiéndoles a familias nacionales y extranjeras entregarles un hogar a los niños, niñas y adolescentes huérfanos o abandonados, y garantizarles protección, educación, oportunidades y amor. Pero la Corte redujo drásticamente las adopciones, mientras los defensores de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- arman el árbol genealógico y tardan años en expedir la declaración de adoptabilidad entre los familiares, negándoles a los menores el privilegio de tener una familia oportunamente.
“Esto ha generado el cuello de botella de más de 3.300 solicitudes de adopción pendientes y seis años sin ser atendidas, apagando, además, la ilusión de miles de colombianos y extranjeros que quieren ser padres adoptivos”, precisa el Representante a la Cámara.
Echeverry Alvarán agrega que hay un agravante, y es la situación de los defensores de familia que han denunciado que la crisis de adopción se debe al incumplimiento económico y social del ICBF.
“Aseguran que sólo hay 1.149 Defensorías con carencias de talentos humanos y recursos económicos, por lo que no se pueden adelantar los procesos de adopción de más de cinco mil niños, niñas y adolescentes que esperan ser acogidos por una familia”, dice el Congresista conservador.
Advierte que el déficit es de más de un billón de pesos, aunque el actual Gobierno Nacional ha cuadruplicado el presupuesto. Pero la realidad es que la mayoría de Defensorías de Familia carecen de los profesionales, auxiliares, espacios y equipos necesarios para adelantar los procesos.
Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán recuerda que el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a las medidas de protección implica un efectivo, pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Y en cumplimiento del principio del interés superior que los cobija, el Estado, la sociedad y la familia deben garantizarles la prevención de amenaza o vulneración a ese derecho, y la seguridad de su restablecimiento inmediato.
“Es un mandato no sólo constitucional y legal. Por encima está el Bloque de Constitucionalidad, en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966”, concluye el representante Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán.
