El concejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, expresó su preocupación por la lentitud en las respuestas y acciones efectivas que permitan presentar un buen balance sobre el control a las llamadas “clínicas estéticas de garaje”.  Guerra Hoyos denunció infiltraciones en la comisión que sobre el tema él coordina, por parte de algunos funcionarios de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia y la Fiscalía quienes, según afirma, han asistido a las reuniones de la comisión con intereses particulares, dificultando los procesos de investigación y seguimiento para la aplicación de las sanciones pertinentes, conforme con la ley.

 

Denuncia que varios de esos funcionarios que durante años han entorpecido los procesos, hoy son pagados por las clínicas de garaje que funcionan en la ciudad.

 

El concejal, en reciente viaje a Estados Unidos, realizó importantes gestiones con ONG internacionales para que convoquen la atención de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y a otras entidades con el fin de que se conviertan en defensores y garantes de los derechos de los ciudadanos de otros países que han sido mutilados por malas prácticas médicas en las clínicas que operan en Medellín.

 

Aseguró que el Estado colombiano se está mostrando ineficaz e inoperante ante esta situación que conjuga un gran número de delitos que van desde la falsedad en documento público hasta la mutilación y muerte de muchas mujeres.

 

A la reunión de este jueves, 11 de septiembre, asistió la nueva Directora de Fiscalías de Medellín, Marta Cecilia Penagos, quien manifestó su interés en el tema anunciando la reactivación de un grupo interdisciplinario que se apersone de esta situación. 

 

La Secretaría de la Mujer informó que de acuerdo con los conceptos emitidos por la Personería y la Secretaría General de la Alcaldía no será posible contratar a los peritos necesarios para que colaboren con la Fiscalía.  Por este motivo, esta Secretaría requirió desde el mes de mayo a la Fiscalía para que en aplicación de la ley penal se agoten todos los recursos previstos en ella.

 

Ante la falta de respuesta de la Fiscalía frente al tema, la Secretaría de la Mujer pidió intervención de la Procuraduría.