Por: Balmore Gonzalez Mira
Aplaudí con fuerza la aprobación por parte del Congreso de la República de la Consulta Anticorrupción que llevará nuevamente a Colombia a las urnas el próximo mes de agosto. Debo confesar que miré con mucha simpatía que se atacara este flagelo a través de un mecanismo de participación ciudadana poco utilizado en el país. La calentura siempre nos lleva a asumir posiciones que muchas veces repensadas nos obligan a admitir que cuando no analizamos de fondo, estamos cerca de las equivocaciones. Dejo claro que soy un defensor y promotor de la democracia y de sus métodos y mecanismos de participación.
En los múltiples conceptos jurídicos, ajenos al tema politico que hemos recibido en estos días, afincamos la sensación de que la Consulta Anticorrupción no sólo resulta innecesaria, sino inútil, pues la esperanza de combatir el flagelo corruptor no está en lo planteado y muchas de sus expresiones adolecen de un criterio jurídico eficaz y de rigor legal que pueda afectar positivamente el ordenamiento Constitucional colombiano. Estas observaciones pasan desde la inconstitucionalidad de preguntas donde se compromete el presupuesto y que son de iniciativa exclusiva del ejecutivo, hasta la misma ineficacia de otras que luego deben pasar a ser reglamentadas a través de una ley por el mismo Congreso y posterior revisión de control Constitucional que nada nos asegura sobre su validez y posible aplicación. También está el válido argumento de que algunas de las preguntas están ya reguladas en la ley, lo cual no garantiza ninguna eficacia al ser aprobadas en este ejercicio participativo, pues sólo sería aplicar las normas ya existentes y nos ahorramos el gasto que representa este inocuo y costoso ejercicio de ir a las urnas. Igualmente se plantea la imposibilidad de conseguir los más de 12 millones de votos que se requieren para su aprobación pues hay cansancio electoral y las llamadas maquinarias no van a invertir tiempo ni recursos en la movilización de los sufragantes, como realmente opera el tema en el país.
En lo político, quienes se han apoderado del tema de la consulta y con un discurso falaz han logrado polarizar al país entre buenos y malos, que en nada ha beneficiado a una nación que está ávida de unidad después de un largo ejercicio electoral lleno de agravios y calumnias, serían los únicos beneficiados, pues acertadamente se lee que solo va en beneficio de sus aspiraciones personales para las elecciones de 2019. Los mismos que promueven un esquema anticorrupción, son quienes condenan a priori a sus adversarios así no tengan las pruebas suficientes, pero callan o absuelven a sus simpatizantes aún cuando es evidente el delito o son capturados en flagrancia y hayan sido detenidos por autoridades competentes y con plena prueba en mano. La Consulta Anticorrupción sólo se convertiría en un canto a la bandera o simplemente como la bandera de quienes quieren utilizarla como postín de sus aspiraciones personales. En buena hora un alto tribunal del país debería pronunciarse para atajar la mal llamada consulta anticorrupción, que ahora muchos empiezan a llamar la consulta proclaudia.
