Jorge Mejía Martínez

Un técnico de UNE me confesó la angustia que le produce salir todas las mañanas a trabajar en muchos lugares de Medellín. Es imposible ingresar a un barrio de la parte alta de la comuna ocho, o de la trece, o de la uno, o de Belén Altavista, a reparar algún daño telefónico porque son amenazados, atracados, apedreados, o simplemente notificados de que a partir de determinado lugar no deben avanzar so pena de poner en riesgo su integridad. En los reportes diarios de su labor es cada vez más frecuente el uso del concepto “conflicto” para justificar que la actividad encomendada no se puso realizar. La explicación no es chistada por ningún ejecutivo de la empresa o de los contratistas. Lo cierto es que esa frase de que en Medellín no hay lugares vedados o intransitables por culpa de la criminalidad, no es más que una manida frase.

    

Si un hombre serio y responsable como el coronel Luis Eduardo Martínez, recientemente posesionado como Comandante de la Policía Metropolitana, se atreve a proponer el toque de queda a partir de las 6 de la tarde en algunas comunas de Medellín es porque la inseguridad urbana está desbordada. Como en Itaguí o en el bajo cauca. Ya no basta pedir más incremento de píe de fuerza o conformar escuadrones anti homicidios o prolongar la prohibición del porte de armas, tampoco perseguir a los motociclistas y los parrilleros o reducir el tiempo de diversión en la noche. Todas, medidas bien intencionadas, pero aparentemente ineficaces. Como también son elementales las propuestas de abordar la inseguridad como un asunto del valle de Aburra –de hecho la policía así lo asume a través del departamento de Policía Metropolitana- y la de reclamar mayor acción por parte de la Fiscalía –solicitud respondida por la Directora seccional en el sentido de que la Fiscalía no puede dar más-.

El frenazo en la reducción de los homicidios iniciado desde el segundo semestre de 2007, es brutal. Las cifras de hoy superan ampliamente las de todo el año anterior; estamos ad portas de retornar a las estadísticas de 2003. La Personería de Medellín se ha convertido en un fiel notario de lo que pasa en la ciudad. Y en tal sentido no puede pasar desapercibido su riguroso informe de hace pocos días sobre lo que está ocurriendo en Medellín: “A partir de 2003, con el inicio del proceso de desmovilización, la hegemonía de la estructura del narcotráfico ligada al paramilitarismo conocida como “La Oficina de Envigado” obtiene el control hegemónico de la criminalidad en la ciudad y se comienza a disminuir el número de homicidios de la ciudad de manera ostensible hasta alcanzar las cifras más bajas de los últimos 20 años. Pero el control social en los territorios fue ejercido a través del uso eficaz del miedo. Desde fines del año 2007 esta estructura pierde el monopolio de la ilegalidad y se presentan reorganizaciones del mundo criminal, generándose rupturas al interior de la “Oficina de Envigado” y entre sus facciones con otras estructuras mafiosas y con ello, el enfrentamiento violento entre grupos armados de la ciudad conocidos como “bandas” y “combos”, quienes se disputan el control hegemónico del territorio. Esto ha traído consigo el incremento de homicidios, así como de otros tipos de violencias.”

Las autoridades, no solamente las locales, debieran responder: ¿la reducción de homicidios acentuada desde el año 2003 se debió a la política de seguridad democrática del gobierno nacional? ¿Qué implicó la llegada de Sergio Fajardo a la alcaldía? O, como dice la Personería ¿esa reducción obedeció a la consolidación de la hegemonía de la llamada “Oficina de Envigado”? – casualmente, después de la operación Orión-. Lo cual permite que los medellinenses le demos credibilidad a la afirmación oficial de que lo que sucede hoy es consecuencia de disputas territoriales por el control de lucrativas actividades ilegales. O sea que SÍ hay relación entre hegemonía de la criminalidad y reducción de homicidios, y pérdida de hegemonía e incremento de homicidios. Ante lo cual uno no puede dejar de preguntar: ¿entonces, cuál ha sido el papel de la institucionalidad y la autoridad?