El Representante a la Cámara, Juan Valdés, pidió al Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial y a los congresistas actuar pronto para determinar el suelo que se utilizará en la construcción de nuevas viviendas de interés social –VIS-  e interés prioritario –VIP-, en el que es necesario habilitar cerca de 7.000 hectáreas de tierra, y de este modo hacer efectivos los 78.3 billones de pesos que ya  tiene destinados el Ministerio para invertir en macro proyectos de vivienda.

El Representante de la Alianza Social Independiente es ponente del Proyecto 208 de 2010, sobre la adecuación de suelo urbanizable para la construcción de Macroproyectos de vivienda de interés social. Este proyecto tiene orden de urgencia y tendrá un gran impacto puesto que al adecuar el suelo se podrá avanzar para suplir el deficit habitacional del país, que sólo en las cinco ciudades más grandes, es de 47 mil unidades de vivienda.

Según el representante Valdés, debe prenderse en forma inmediata “la locomotora de la vivienda planteada en el Plan Nacional de Desarrollo y para ello se necesita la base, y este proyecto lo es, es la gasolina que se necesita” para que el Gobierno Nacional pueda construir un millón de viviendas.

Además del suelo, Valdés propone agregar el concepto de urbanismo social. “Trabajaré arduamente para que podamos habilitar la construcción de vivendas dotadas de todos los instrumentos de urbanismo social, que prometimos en campaña, ya que deben nutrirse de espacios públicos para el emprendimiento, la cultura y el deporte, lo que sin duda conllevará a que se eleven los niveles de calidad de vida de todos nuestros ciudadanos de estratos más bajos”, indicó.

El proyecto establece que el Gobierno Nacional podrá promover, adoptar, ejecutar y financiar macroproyectos de interés social nacional en los que se definan, de común acuerdo con los municipios y distritos en el ámbito de sus respectivas competencias, el conjunto de decisiones administrativas y de actuaciones urbanísticas integrales de impacto urbano, metropolitano o regional que garanticen la habilitación de suelo para la construcción.