Por: Luis Bernardo Vélez Montoya
Concejal-Presidente del Concejo de Medellín.
La semana pasada fue totalmente caótica en el país. Las protestas y manifestaciones que ocurrieron en las principales ciudades, van dejando un sabor amargo, y ante todo muy preocupante, por la desestabilización institucional que se percibe en todos los sectores de la vida pública.
Repudio causa lo ocurrido. Hasta la fecha se han registrado 13 personas muertas; 209 civiles, y más de 196 policías heridos, en medio de las trifulcas que han acabado con bienes oficiales y privados, en distintas ciudades.
La muerte de Javier Ordoñez provocó la indignación de cientos de personas que se lanzaron a las calles a protestar por el abuso de la fuerza pública, como manifestación de inconformismo ante el hecho, y más aún frente a los reiterados casos de abuso de la Policía en las protestas del año pasado, que también causaron la muerte de jóvenes manifestantes, como fue el caso de Dilan Cruz, que murió a manos del ESMAD.
A esto se suma la pesca en río revuelto, que utilizan algunos para satisfacer intereses particulares que en nada contribuyen a la construcción de una sociedad democrática, capaz de respetar el derecho a la participación y a la protesta pacífica, consignados en los artículos 37, 103 y 270 de la Constitución Política de Colombia.
Protestas represadas
Las marchas de estos días no son coyunturales. De enero 1° hasta el 15 de julio de 2020, se ha registrado la muerte de 166 líderes sociales y defensores de Derechos humanos y más de 43 masacres en el país.
Después de seis meses de aislamiento, por causa del COVID-19, la reactivación económica llegó acompañada de protestas, que desde noviembre de 2019 venían reclamando soluciones a asuntos de orden nacional, relacionados con la educación y la inversión social.
Desde mi ser, rechazo vehementemente lo que sucedió con Javier Ordoñez, con Dilan Cruz, con los líderes sociales, con todos los jóvenes muertos en masacres en el país, con las muertes de civiles en las manifestaciones, las de los policías. Ninguna muerte, ninguna agresión puede ser justificable.
La institucionalidad no puede deslegitimarse con acciones en contra de la ciudadanía. Y mucho menos justificar las muertes de los civiles en medio de las manifestaciones, algunos de ellos sin ser parte de las protestas, por causa del abuso de la autoridad. Precisamente por quienes están para protegernos.
La Policía es un ente creado para fortalecer la seguridad ciudadana, lo ocurrido mella la confianza ciudadana, causa miedo, y provocación.
Tampoco podemos obviar los daños causados a bienes particulares y del Estado, y las millonarias pérdidas materiales que dejan estas marchas que se tornaron violentas.
Sin embargo, ambos hechos repudiables, no pueden ponerse en la misma balanza. Es preciso analizar a la luz de lo ocurrido, lo que está viviendo el país y la necesidad de retomar un rumbo de diálogo, concertación, legitimidad del Estado y recuperación de la credibilidad en la institucionalidad.
El Gobierno Nacional deberá mostrar resultados y soluciones reales a los problemas que aquejan al país, en todos los ámbitos. La situación exige reformas y la presencia del Estado para generar la tranquilidad de que vamos por el camino de las soluciones. El Gobierno Nacional no puede hacerse el de la vista gorda ante estas situaciones que desestabilizan.
La reforma a instituciones como la Policía es un asunto apremiante, para garantizar la seguridad y el respeto de los derechos humanos de la ciudadana.
No podemos permitir que el accionar de unos cuantos integrantes deslegitime su hacer y su contribución en el orden social. Tampoco podemos permitir que las marchas y manifestaciones se aprovechen para causar daños a los bienes del Estado, que son los bienes de toda la ciudadanía.
Estamos viviendo un momento muy difícil para toda la humanidad, y se requiere de todas las formas de participación para que logremos conjurar esta crisis, de lo contrario no podremos augurar tiempos mejores.
