El Ex gobernador de Antioquia, Eugenio Prieto Soto, solicitó al Contralor General de Antioquia, Jorge Rojas Otálvaro, que se declare impedido para conocer de la denuncia radicada en su despacho y su consecuente proceso, en torno a las investigaciones solicitadas por un supuesto detrimento patrimonial a raíz de la transacción efectuada por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA- en la adquisición de las acciones de los socios minoritarios privados del Proyecto Hidroeléctrico Pescadero – Ituango.
Asegura el ex gerente del IDEA y ex candidato a la Gobernación de Antioquia que con la recusación busca imparcialidad, responsabilidad social y transparencia. Se basa en la Ley 610 de 2000, la cual señala en su artículo 33 que “los servidores públicos que conozcan de procesos de responsabilidad fiscal en quienes concurra alguna causal de recusación, deberán declararse impedidos tan pronto como adviertan la existencia de la misma”.
Prieto Soto argumenta que es de conocimiento público la relación de íntima amistad y los vínculos políticos del contralor con el Gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, “sustentada incluso, en la presencia del señor Rojas Otálvaro en la conformación de las diferentes comisiones del proceso de empalme, donde figuró como coordinador del equipo del área 8 Secretaría General, además de pertenecer al grupo político Alas Equipo Colombia”. En consecuencia –afirma Prieto Soto- no habría garantías de imparcialidad para adelantar la investigación solicitada a ese mismo despacho el pasado 18 de julio por Empresas Públicas de Medellín, y la instaurada por él mismo, en el caso de la Sociedad Pescadero – Ituango S.A. E.S.P.
En el proceso de recusación, radicada en la tarde de este miércoles, 27 de agosto, el ex mandatario seccional recuerda que el Contralor Rojas Otálvaro se encuentra en la novena causal de recusación que indica el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil.
Por la compra de acciones del Proyecto Hidroeléctrico por parte del IDEA, Eugenio Prieto Soto ha instaurado una denuncia fiscal ante la Contraloría General de Antioquia, que pretende adelantar la investigación pertinente para determinar las posibles violaciones a normas de contratación y presupuestales, investigar el posible daño patrimonial al Estado ocasionado por el Gerente del IDEA y su junta directiva.
En el despacho de la Procuraduría Regional, Prieto Soto radicó una denuncia disciplinaria, donde solicita adelantar la investigación pertinente y deducir las responsabilidades disciplinarias a que haya lugar conforme al régimen previsto en la Constitución Política, la Ley 734 de 2002 y las demás disposiciones concordantes.
Ante el Juzgado 18 Administrativo de Medellín fue radicada el 29 de julio una Acción Popular que busca amparar los derechos colectivos a la moralidad administrativa y defensa del patrimonio público, declarar que los procesos de compra venta de las acciones a la Empresa de Energía de Bogotá y otros socios minoritarios desconocieron los principios constitucionales de moralidad administrativa, lesionan el patrimonio público y carecen de efectos jurídicos, por lo que se pide igualmente, que se condene y ordene a las personas implicadas en la denuncia y que se ordene a los demandados, pagar a favor del Estado los perjuicios derivados de la operación y se reintegre a las arcas del IDEA el exceso pagado en las negociaciones denunciadas.
