La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó, en primer debate, el Proyecto de Ley que busca otorgar facultades extraordinarias al Gobierno Nacional para reestructurar la Defensoría del Pueblo. Fueron obtenidos 28 votos favorables de 29 posibles.
“El Gobierno Nacional y el Congreso de la República han iniciado el trámite de esta ley y han entendido la importancia de los Derechos Humanos en el País, y por ese motivo consideramos que lo aprobado en la Comisión Primera nos alienta muchísimo para continuar con el debate en la plenaria de la Cámara de Representantes”, afirmó el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez.
Por su parte, el Ministro del Interior, Fernando Carrillo, aseguró que el País tenía una deuda histórica con la Defensoría del Pueblo y se mostró satisfecho con la aprobación del Proyecto de Ley. “Es una gran noticia para el País porque si hay una entidad que va a jugar un papel protagónico en el posconflicto, es decir, en aquella fase del proceso posterior a la firma de los acuerdos y al inicio de la construcción de la paz es la Defensoría del Pueblo”, expresó.
Además, destacó la importancia de una política pública de Derechos Humanos, cuya tarea desarrolla el Gobierno de la mano de la Defensoría del Pueblo. “Hay que fortalecerla institucionalmente, darle más recursos, tecnificar su personal. Hay que ponerla como protagonista, junto con el Ministerio del Interior y la Vicepresidencia de la República, en la elaboración de esa política de Derechos Humanos”, puntualizó.
Frente a este tema, Otálora Gómez, señaló que en esa etapa todos los afectados por el conflicto van a demandar atención del Gobierno Nacional y todas las bondades que trae la ley 1448, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. “Es un proceso muy importante porque la Defensoría tiene que llevar a cabo el acompañamiento y, en muchos casos, la representación de cada una de las víctimas ante las distintas instituciones del Estado”, agregó.
El director del Departamento Administrativo de Planeación, Jorge Pérez Jaramillo, presentó las acciones concretas:
1. Se desplegará un sistema de trabajo compartido con organizaciones ciudadanas y medios de comunicación para que continuamente se produzcan informes ciudadanos sobre el estado de las –VIP- en la ciudad.
2. Se establecerá una pauta de control en cada uno de los proyectos -VIP-, a través de vallas informativas que identificarán quiénes son los arquitectos, calculistas, profesionales responsables y entidades financieras que representan legalmente estas obras. Se prepara una circular para que aproximadamente el 15 de mayo esté listo el documento y los constructores implementen esta acción.
3. Se promoverá activamente el trabajo conjunto con los grupos representativos de la sociedad para hacer seguimiento constante a estas obras.
4. Se trabaja con un grupo elite de asesores, quienes conjuntamente con la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, Isvimed, Secretaría General y la Oficina Jurídica, verificarán el cumplimiento riguroso de cada una de las obras que se construyen en la ciudad. De esta manera se asegurará que ninguna construcción violente la normativa vigente.
5. Se convocará a los consejos profesionales de arquitectura e ingeniería, para verificar el cabal desempeño de los profesionales asociados a estas obras en el cumplimiento de la legislación colombiana vigente.
Pérez Jaramillo agregó que “la Alcaldía de Medellín está vigilando y controlando este tema, siempre dentro la presunción de derecho que tiene cada uno de los actores de la ciudad y asegurando que toda violación, según el tipo de proyecto, reciba las investigaciones y sanciones pertinentes en su momento. Estamos aplicando los correctivos internos a todo tipo de procedimiento que genere algún riesgo frente a este tipo de irregularidades urbanas”.
El propósito de esta Administración es definir las pautas a seguir, y convocar a los ciudadanos y constructores a que en un acto de responsabilidad pública y de manera voluntaria acaten esta propuesta, que es de conveniencia colectiva.
La Administración Municipal ratifica su compromiso de seguir enfrentando esta problemática que se viene registrando en la ciudad desde años atrás, compromiso refrendado desde el primero de enero de 2012 cuando Aníbal Gaviria Correa asumió como mandatario de los medellinenses.
Cabe recordar que la ciudad pactó colectivamente un Plan de Ordenamiento Territorial, revisado y ajustado a través del Acuerdo 46 del año 2006. Para aquel entonces, desde el mes de junio del año 2004, el gobierno colombiano había promulgado el Decreto Nacional 2060 que definía las normas mínimas para la urbanización y construcción de Vivienda de Interés Social, tipo 1 y 2, llamadas Viviendas de Interés Prioritario.
