Por: Margarita Restrepo
La justicia, entendida como el más civilizado y ponderado mecanismo de resolución pacífica de conflictos que tiene una sociedad, en Colombia ha venido deteriorándose a gran velocidad hasta llegar a la situación crítica que hoy tiene conmocionado al país.
No puedo emitir juicios sobre el caso del magistrado Pretelt pues es posible que la Cámara de Representantes en algún momento aboque el estudio de ese proceso y por lo tanto un pronunciamiento a priori se constituiría en causal de impedimento.
Está claro que desde hace muchos años, los magistrados abandonaron la soledad de sus despachos para convertirse en vanidosos actores políticos. Antes estábamos acostumbrados a saber de ellos por el contenido de sus providencias; ahora nos enteramos de sus posiciones a través de entrevistas y de “trinos” en las redes sociales.
El pulso político en las altas cortes ha llegado al extremo de tener que realizar centenares de rondas de votaciones para poder elegir al presidente de una de ellas. Recordemos que en un pasado no muy lejano, la corte suprema duró varios años sin ponerse de acuerdo –gracias a la pugnacidad política al interior de esa benemérita corporación- para suplir unas vacantes y designar al Fiscal General de la Nación.
La justicia se politizó gracias al procedimiento de elección de los magistrados. Quienes criticaban la cooptación que contemplaba la Constitución de 1886 por considerarla excluyente y cerrada a diferentes alternativas, hoy tendrán que reconocer que la apertura que empezamos a experimentar desde 1991 resultó nefasta.
Además, eso de que los magistrados tengan que abandonar el estudio de los expedientes que llegan a sus manos para participar en la integración de ternas y en la elección de otros servidores públicos, desnaturaliza la función de quienes en el nombre de la República deben impartir justicia.
Cuando una persona por mandato legal debe inmiscuirse en un proceso electoral queda expuesta a intrigas, recomendaciones, sugerencias y hasta ofrecimiento de componendas tales como el tradicional “yo te elijo hoy, pero mañana tú me elegirás”.
Sea lo primero, entonces, proponer que los magistrados no puedan en ninguna circunstancia participar en la elaboración de ternas o elección de funcionarios que no sean de la rama jurisdiccional. Y hago esta salvedad porque los hechos me inducen a ratificar que una de las causales más fuertes de la descomposición de la justicia en Colombia fue la eliminación de la cooptación. Que sea entre ellos, entre los magistrados quienes designen a quien haya que reemplazarlos. Sin injerencia de políticos ni participación directa o indirecta de miembros de las otras ramas del poder público.
Todos los colombianos debemos aportarle a la reestructuración integral de la justicia. No debemos quedarnos en la crítica legítima que brota desde lo más profundo de las indignadas almas, sino que tenemos que pasar al campo de las propuestas y aportes. Los medios de comunicación acá juegan un papel fundamental tanto en la denuncia de hechos de corrupción como en el liderazgo real que ejercen frente a la opinión pública.
Ahora viene un periodo de tiempo en el que debemos estar abiertos al estudio de todas las alternativas. Hay quienes creen que la reforma a la justicia debe hacerse en el Congreso. Otros proponen una Constituyente limitada y otros, más audaces y tal vez pragmáticos, creen que el asunto puede despacharse con un par de decretos. Yo soy de la tesis de que este tema debe incluir una convocatoria al constituyente primario, ya sea vía referendo o vía constituyente.
Necesitamos que las facultades de jurisprudencia del país, que los tratadistas de las distintas ramas del derecho, ex magistrados e investigadores sociales se sumen de manera propositiva y nos ayuden a elaborar la hoja de ruta que nos conduzca a la anhelada reestructuración de la justicia de nuestro país.
