Por: Luis Pérez Gutiérrez
El Estado colombiano libra una guerra silenciosa de más de 100 años contra los mineros tradicionales. En esa guerra nadie gana; solo ha dejado violencia, dolor, pobreza, destrucción del medio ambiente y una incultura de ilegalidad que supera y suplanta al estado mismo. En la minería, se tomó la decisión de entregar títulos mineros de inverosímiles extensiones a los grandes inversionistas nacionales y extranjeros; y, al mismo tiempo, declarar ilegales a los mineros tradicionales que vienen heredando ese oficio desde antes del descubrimiento de América. Así, el estado ha mantenido la minería bajo el velo de la ilegalidad.
El Estado da licencia de explotación minera a grandes capitales en extensos territorios donde, desde hace 100 años, o más, han operado los mineros tradicionales, sobreviviendo con su trabajo artesanal de minería. Cada vez que el Estado adjudica un título minero a un gran grupo inversionista, crea un problema social porque aplasta al pequeño minero que tradicionalmente trabaja en esa área; y en esencia, esa licencia a grandes empresas mineras declara a los mineros tradicionales como ilegales, y hasta delincuentes. Además, los desplaza inhumanamente de sus labores de supervivencia de toda una vida. Cada vez que se adjudica un título de Minería de Oro a un gran Inversionista, se ignora que en esa zona trabajaban miles de pequeños mineros para sobrevivir en descendencias de más de 200 años. Y así, los intereses de las grandes inversionistas aniquilan a los mineros tradicionales. Se impone el principio feudal, que donde haya grandes capitales, el estado declara ilegales a los mineros tradicionales.
En las zonas de minería del oro en Antioquia persiste arrinconamiento a los mineros tradicionales. Más de un siglo de violencia e ilegalidad en esos territorios. Las zonas de minería de oro no se pacificarán hasta tanto no haya reconocimiento, respeto y dignificación de los mineros tradicionales. Cultura de legalidad para los pequeños mineros, o sino, 100 años más de pobreza y de guerra contra gente de bien.
Los mineros tradicionales necesitan una caracterización eficiente e identificación precisa que los proteja, para que todo avivato que aparezca no le quite sus derechos. La caracterización precisa evita que pícaros se hagan reconocer como tradicionales. Es más barato formalizar al minero tradicional que perseguirlo sin éxito toda la vida como a un delincuente. El 70% del oro es ilegal; ese dato muestra la política minera desastrosa del estado.
Formalizarlos y asignarles tierras es el reto. La reforma agraria en el siglo 21 se ve arcaica por los cambios en el mundo y por los intereses económicos y de supervivencia. Urge poner en marcha La Revolución de Tierras para los mineros tradicionales, con el fin de que trabajen como ciudadanos dignos, como empresarios mineros, como titulares. Que se legalicen; que se bancaricen; y que se formen para conservar el medio ambiente, a medida que exploten esas riquezas. La revolución de tierras para los mineros tradicionales permitiría con facilidad la formalización si la Agencia Nacional de Minería descentraliza, opera sin oscuridades, y entrega las áreas de reserva especial ARES a cooperativas mineras vigorosas con la interventoría de las regiones. Y, además, si se anulan los títulos mineros inactivos, ahí habrá más tierra para redistribuir. El Gobierno Petro no puede centralizar más el país. Ya, en 2022, le quitó a Antioquia competencias en Minería, bajo el silencio cómplice de la dirigencia. Tiene el presidente Gustavo Petro la oportunidad de hacer una revolución social de tierras y aportar a lo que llaman hoy la paz total. Si hay mano tendida para bandas, mucho más generosa debe ser la mano para los mineros ancestrales que son colombianos de bien. Si el estado no cambia su actitud frente a los mineros tradicionales, seguirá fabricando guerras sociales para todo el siglo 21. Revolución de la minería se hace con una reforma social de tierras.
En Colombia no hay cierre técnico de las minas y por eso la brutal destrucción del medio ambiente. Ni los grandes mineros legales ni los pequeños ancestrales declarados ilegales, hacen cierres técnicos de las minas para recuperar el medio ambiente destruido. Ni el Estado, ni las corporaciones ambientales han sido capaces de crear cultura de legalidad en zonas mineras; la institucionalidad está en manos de un paraestado que suplanta a las Corporaciones; el gobierno perdió la legitimidad. La minería no ha evolucionado en Colombia. La medicina hace 50 años hacía operaciones médicas que dejaba la superficie del ser humano llena de cicatrices y destruía piel y órganos; la medicina hoy interviene internamente sin dejar huella. La minería en cambio, por la codicia y el desprecio del medio ambiente, sigue dejando marcas y destrucción en la superficie terrestre y en el medio ambiente porque nunca hacen cierres técnicos de las minas.
La cultura de revolución minera, es urgente un proceso inmediato de bancarización minera no solo para los grandes capitales sino también para mineros tradicionales y para empresarios y comerciantes del oro como existe en los demás sectores de la economía. Cultura de legalidad total para la minería exige bancarización.
Colombia necesita a los grandes empresarios pero también requiere una reforma que ennoblezca la dura labor de los mineros ancestrales que han heredado por siglos esa labor minera de sus antepasados. Si no hay reformas, será eterna la guerra social silenciosa en las tierras de la minería.
