Por: Luis Bernardo Vélez
Las opiniones expresadas en esta columna, son responsabilidad de su autor
En el mundo, el mes de abril está dedicado a la niñez y la recreación. Se ha dispuesto un momento para resaltar sus derechos, y para detenerse a pensar cuál es la realidad hoy, de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Colombia ha avanzado en la promulgación de una legislación protectora y garante de los derechos de la niñez y la adolescencia, sin embargo las noticias y las cifras de muertes, lesiones, desnutrición, explotación, abuso sexual, violencia intrafamiliar, reclutamiento y desplazamiento forzado entre otras realidades, denotan que los niños y niñas viven en una situación de vulnerabilidad general. Si bien las administraciones municipales han aumentado y mejorado los programas dirigidos a esta población; estos no logran afectar las causas generales que dan origen al problema, especialmente en lo relacionado con el conflicto social y armado.
Lamentablemente no son pocos los casos que conocemos sobre niños, niñas y adolescentes que son utilizados y obligados a participar de una u otra manera del conflicto que vive Colombia; ejemplo de esto es el reclutamiento por parte de grupos armados y aunque no existen cifras concretas, los datos más conservadores estiman que pueden estar entre 8.000 y 13.000. Se cree que al menos uno de cada cuatro combatientes es menor de 18 años.
Otra forma de utilización se da cuando los adolescentes participan en la ejecución de actos delictivos; ya que desde el sistema de responsabilidad penal para adolescentes (ley 1098/06) estas actuaciones son investigadas y sancionadas cuando las cometen personas que tengan entre 14 y 18 años. Este tratamiento especial y diferenciado ha sido utilizado por grupos armados y delictivos que ven la posibilidad de inducirlos a conductas delictivas sin riesgos desde la penalización.
Entre el 1 de abril de 2008 cuando inició la vigencia del sistema de responsabilidad penal para adolescentes en el distrito judicial de Medellín y el 31 de octubre de 2009, se han reportado 5.090 casos atendidos. En cuanto a los delitos de mayor ocurrencia se encuentran primero, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes con 2.494 (49%); segundo, Hurto con 23% de casos; tercero violencia intrafamiliar con 8% de casos.
En el distrito judicial de Antioquia, la vigencia de este sistema se inicia el 01 de junio de 2009 y hasta el 31 de octubre se atendieron 205 casos, igualmente el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes con 97 casos equivalentes a un 53%, las lesiones personales con 23 casos, equivalentes al 13% y el hurto con 13 casos equivalentes al 7% fueron los delitos de mayor ocurrencia.
Frente a esta realidad, existen sectores que piden aumentar las penas y bajar la edad de responsabilidad penal a los 12 años; sin embargo la judicialización y privación de la libertad han demostrado ser ineficaces, incluso en los casos de delitos cometidos por adultos.
Si el problema es integral, la solución también lo debe ser. ¿Cómo quitarle niños, niñas y adolescentes a la violencia? Sin duda, responder en forma pragmática esta inquietud, debe ser una prioridad de los gobernantes, porque es claro que mientras las inequidades sociales permanezcan y los adolescentes sigan viviendo en situaciones de marginalidad y extrema pobreza, los esfuerzos darán mínimos resultados y la infancia seguirá en este absurdo conflicto.
Este es un periódico independiente y pluralista, que admite todas las opiniones, siempre y cuando no vayan en menoscabo de la Constitución, de la Ley y de la diversidad de derechos de los colombianos. Usted también puede expresar la suya.
