El Diputado de Antioquia, Alfaro García, le solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil que durante el presente período y hasta que concluyan las jornadas electorales, rote a los registradores municipales con el objetivo de brindar limpieza en el proceso y evitar las irregularidades que se evidenciaron en las elecciones territoriales de 2007 y las legislativas de 2010.
El Corporado basa su solicitud en los anuncios del Ministerio del Interior y de Justicia y de la Corporación “Arco Iris”, sobre el riesgo que existe en cerca de 250 localidades colombianas de sufrir la intervención de las bandas criminales en las jornadas electorales del 30 de octubre, razón por la cual se deben poner en alerta todas las autoridades civiles, militares, de policía y, por supuesto, electorales. El diputado Alfaro García además, recuerda algunas de las anomalías presentadas en las elecciones territoriales de 2007 y en las legislativas de 2010.
El Diputado Conservador advierte que las autoridades deben prevenir delitos como constreñimiento, fraude al sufragante y en la inscripción de cédulas, voto fraudulento, alteración de resultados, mora en la entrega de documentos, favorecimiento y, entre otros, ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula. Recuerda en especial cómo en 2007 hubo trashumancia en San José de la Montaña, Copacabana, Olaya, Vigía del Fuerte, Tarso, La Estrella, Betania y Puerto Nare.
Para la Misión de Observación Electoral –MOE- hay riesgo en Medellín. “Así que si suceden delitos electorales en la capital del Departamento, con mayor finalidad ocurrirán en los municipios y corregimientos donde es escasa la presencia de autoridades y medios de comunicación”, precisa Alfaro García.
Por eso, el dirigente del Movimiento “Uniendo Fuerzas” del Partido Conservador propone la presencia en el recinto de la Asamblea de Antioquia de la Secretaría de Gobierno, la Registraduría Nacional del Estado Civil delegada para el Departamento, la Procuraduría Regional y la Misión de Observación Electoral para que analicen los riesgos y planteen efectivas medidas preventivas que garanticen un proceso electoral transparente y favorable a todos los candidatos y partidos.