Por: Eugenio Prieto Soto
Desde el jueves hasta el sábado pasado, despachó en Antioquia el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón. Aunque no es la primera -y seguramente no será la última visita que realiza a nuestra tierra, los diferentes actores públicos y privados, regionales y locales, requerían un espacio de esta naturaleza, en el cual pudieran dialogar e intercambiar ideas y proyectos con el Presidente Santos, aunar y articular esfuerzos con el Gobierno nacional.
Estratégicamente organizada y coordinada, su agenda incluyó la realización de un Consejo de Seguridad con las autoridades de Antioquia y del Valle del Aburrá; almuerzo de trabajo con el Gobernador de Antioquia y el Alcalde de Medellín; reunión con los empresarios en Proantioquia y un productivo ejercicio de Acuerdos para la Prosperidad en materia de infraestructura con importantísimos anuncios para la región.
Para el presente y futuro desarrollo de nuestro departamento y del país, fueron múltiples e importantes los compromisos que en materia de infraestructura anunció el Presidente Santos en su fructífera visita a Antioquia. Por el significado y la trascendencia del proyecto para todo el país, el más importante anuncio de todos lo constituye la confirmación del Gobierno nacional de destinar $10 billones para las Autopistas para la Prosperidad.
Nadie podrá negar que frente al valor total recalculado de la obra, alrededor de $15 billones, la decisión histórica del Presidente Santos de sellar un acuerdo con los Gobiernos de Medellín y Antioquia e incrementar de $1 a $10 billones el valor que inicialmente se había comprometido por parte del Gobierno nacional, constituye un compromiso bastante significativo para despejar las dudas sobre la principal fuente de los recursos para su ejecución.
No obstante la importancia para Antioquia, que se encuentra en desventaja de competitividad económica a nivel local y regional como consecuencia del atraso vial que le impide conectarse con la región central del país y los puertos cercanos, el Presidente Santos comprende que este es un proyecto de carácter nacional, estratégico para la competitividad de las regiones, que conectará el norte, el sur, el oriente y el occidente de Colombia, a través de Antioquia y el Eje Cafetero. No es solamente para Antioquia. Es un proyecto muy importante para todo el país. Es tal vez una de las obras más trascendentales que podemos hacer en los próximos años.
Comprendemos las inquietudes jurídicas, técnicas, económicas y de riesgo, de algunos actores como la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- frente a esta obra, que por su magnitud, representara el mayor contrato de concesión vial de Colombia en toda su historia. Pero también tenemos claro que en materia de infraestructura, tal vez la mayor debilidad de Colombia la constituye la ausencia de un gran estructurador público de concesiones.
En esa inexistencia de un gran estructurador público de concesiones están soportados muchos de los problemas de corrupción del sector y los sucesivos litigios que no sólo han demorado y obstruido la ejecución de los proyectos, sino, que además, se han transformado en una importante fuente de pasivos contingentes para el Estado, debido a que la mayoría de las sentencias han resultado favorables para las empresas concesionarias.
Ese vacío deberá ser llenado por la ANI, pero debemos decirlo con respeto, que en escasos seis meses de funcionamiento -reestructurada en noviembre del 2011-, todavía institucionalmente, no alcanza a suplir la falta de confianza pública y privada de sus antecesores, los vacíos e inconvenientes de índole estructural y de falta de planeación, la carencia en la estructuración y evaluación de proyectos y las dificultades de inspección, control y vigilancia de las concesiones.
Nada diferente a este contexto llevó al Gobierno nacional y a la institucionalidad pública y privada de Antioquia, para confiar a una empresa pública de la trayectoria, transparencia, gestión y resultados de ISA, para ser el gran estructurador de las Autopistas para la Prosperidad.