Por: Fabio Humberto Rivera

Nos acercamos a los primeros diez años de la Ley 617, la que permite organizar las finanzas de los municipios, departamentos, concejos, asambleas, personerías y contralorías. Esta era necesaria para corregir el rumbo de los recursos territoriales y municipales, pero ya es hora de modificarla en el Congreso.

Para la Contraloría, Hacienda y Planeación Nacional más de 500 municipios van mal en el manejo de sus finanzas y según esta ley muchos de ellos ya deberían ser corregimientos.

 

Los congresistas y el Gobierno deben corregirla, mejorarla y adecuarla a la realidad colombiana.

 

La mayoría de municipios del país cuentan con unas finanzas públicas muy débiles. Dependen para su funcionamiento e inversión social, del impuesto predial e industria y comercio.

 

El gobierno central no puede dejar a su suerte a estos medianos y pequeños municipios. Tendrá que apropiarles recursos. El problema no se resuelve convirtiéndolos en corregimientos. Así no se sale de la pobreza ni de la miseria.

 

Los presupuestos de las asambleas también deben revisarse, en la búsqueda de mejorar la Ley 617 en defensa de la democracia regional.

 

Las contralorías, como la de Medellín, han sido afectadas por esta ley, pues disminuye años tras año sus presupuestos, mientras que sus obligaciones de control crecen al ritmo que crece Empresas Públicas de Medellín.

 

Municipios como Medellín deberían tener una legislación que le permita endeudarse a 30 años, con préstamos de muy bajos intereses, para acelerar el desarrollo de la ciudad.

 

Medellín, por ejemplo, no puede seguir utilizando la Ley 617 para mantener salarios bajos a unos mil funcionarios vinculados después de 2001.

 

Por supuesto que estas son apenas algunas consideraciones sobre la necesidad que se tiene de modificar la Ley 617, pidiendo al Congreso que sea capaz de leer las diferencias que existen en los municipios y departamentos de Colombia.

 

El Congreso tendrá que dar un espaldarazo a la descentralización, garantizando otros ingresos a la región que permitan a las autoridades locales sacar de la pobreza a sus habitantes.

 

Los juegos de suerte y azar, por ejemplo, no pagan en los municipios el impuesto de industria y comercio por cuenta de otra ley mal concebida.

 

Los casos de corrupción que llevan a algunos municipios a la quiebra tampoco se corrigen convirtiendo a un municipio en corregimiento. En estos casos deben operar las autoridades y organismos de control.

 

Las finanzas municipales y departamentales exigen del Congreso compromiso, capacidad de análisis y decisión política para empoderarlos fiscalmente en beneficio de los ciudadanos.