El Senado de la República aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley 189 de 2023, “Por medio del cual se aprueba el Acuerdo sobre medidas del Estado Rector del Puerto, destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR)”, adoptado en Roma el 22 de noviembre de 2009. Este Acuerdo es clave para que Colombia avance en la lucha contra la pesca ilegal, un problema que afecta la sostenibilidad de los recursos marinos del País y del mundo.
El Proyecto de Ley, radicado el 7 de noviembre de 2023, consta de tres artículos, mediante los cual Colombia ratifica la adhesión al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP), promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Este Acuerdo ha sido suscrito por más de 76 paises desde su entrada en vigencia el 5 de junio de 2016.
El senador Nicolás Echeverry resaltó la importancia de ratificar este Acuerdo internacional adoptado por la FAO. También destacó la necesidad urgente de otorgar a las autoridades competentes, como la Capitania de Puerto, herramientas legales para controlar y eliminar estas prácticas que afectan gravemente los recursos pesqueros del País, generando una pérdida del 20% en las capturas. El Senador hizo un llamado a sus colegas para garantizar la protección de los océanos y el acceso sostenible a la proteína marina para todos los colombianos.
Para analizar el impacto de la ratificación de este convenio, el Senado realizó una mesa técnica el 23 de febrero de 2024, con la participación de expertos y representantes de entidades nacionales e internacionales como el embajador Diego Felipe Cadena, director de la Soberania Territorial del Ministerio de Relaciones Exteriores; Esther Boy, consultora de Control y Vigilancia de la FAO; Luisa Fernanda Maldonado Morales, de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP); Jorge Espinosa, de la Comisión Segunda del Senado; y representantes de la Dirección General Marítima (DIMAR) y del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Colombia, con una costa de 988.000 kilómetros de extensión en el Caribe y el Pacífico, enfrenta grandes desafios en la protección de sus recursos marinos. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, afecta seriamente la sostenibilidad de los ecosistemas marinos. Según datos de la FAO, la pesca INDNR alrededor de 26 millones de toneladas de pescado capturado anualmente, lo que equivale al 15-30% de la pesca mundial, y genera pérdidas económicas de hasta 23 mil millones de dólares al año.
La adhesión de Colombia al AMERP permitirá reforzar las capacidades del Estado; Inspeccionar y verificar buques que lleguen a sus puertos; Mejorar el control sobre los buques de bandera nacional que operen en aguas internacionales; Compartir información con otros Estados sobre embarcaciones sospechosas de pesca ilegal; Garantizar que los recursos capturados ilegalmente no lleguen a los mercados internacionales, contribuyendo a la trazabilidad de los productos pesqueros.
La ratificación de este Acuerdo representará varios beneficios para Colombia, como el fortalecimiento de las capacidades de vigilancia y control en los puertos, la protección de las comunidades costeras y la preservación de la biodiversidad marina. Además, la adhesión al AMERP posiciona al País en cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente el ODS 14, que busca *conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, mares y recursos marinos para el desarrollo sostenible”. Además, se espera que la implementación del acuerdo permita generar un impacto positivo en la competitividad internacional de los productos pesqueros colombianos, al garantizar que las capturas provienen de fuentes legales y sostenibles.
El informe de progreso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) del 27 de octubre de 2023 resaltó la importancia de que Colombia adopte este Acuerdo para mejorar sus capacidades de control y sanción de la pesca ilegal. Aunque se han hecho avances, la falta de legislación efectiva en esta área ha sido un obstáculo.
Este Proyecto de Ley, que ahora pasa a sanción presidencial, es un paso crucial para combatir la pesca INDNR y asegurar el futuro de las pesquerías colombianas.
El Senado de la República espera que el Gobierno nacional con la ratificación del Acuerdo refuerce los mecanismos de gobernanza marina y se asegure la sostenibilidad de los recursos marinos, claves para la seguridad alimentaria del País.
