El senador de la República, Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán, expresó su preocupación por la Resolución 377 de 2024 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que establece Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) en el Suroeste de Antioquia. Según el Senador, la Resolución afecta aproximadamente 250.000 hectáreas, lo que equivale al 39,2% del territorio de los 23 municipios de esta Subregión.
Dice que viola los artículos 287 y 311 de la Constitución Política de Colombia, que garantizan la autonomía de las entidades territoriales para gestionar sus intereses y regular el uso del suelo. Explica que la imposición de estas ZPPA por parte del Gobierno nacional, sin una adecuada concertación con las autoridades locales, constituye una intromisión en las competencias municipales, debilitando la descentralización administrativa y la autonomía territorial.
“La Ley 99 de 1993 establece la obligatoriedad de la participación ciudadana en decisiones que afecten el medio ambiente y el uso del suelo. La implementación de la Resolución 377 de 2024 careció de procesos de consulta y participación con las comunidades locales y los actores económicos de la región, vulnerando principios democráticos y derechos fundamentales de las comunidades afectadas”, manifestó el Senador antioqueño.
Agregó que la delimitación de las ZPPA genera incertidumbre entre los propietarios y empresarios de la región, quienes desconocen si sus predios serán afectados y en qué medida. Esta falta de claridad puede conducir a la violación de derechos adquiridos y afectar negativamente la inversión y el desarrollo económico de la Región.
Explicó que la restricción de actividades económicas como la minería, el turismo y la ganadería en estas zonas puede generar pérdidas económicas significativas y desempleo en la región. Es fundamental realizar estudios técnicos que evalúen el impacto socioeconómico de estas medidas antes de su implementación.
“En defensa de los intereses de las comunidades afectadas, anuncio la convocatoria de un debate de control político en la plenaria del Congreso de la República. Este espacio será crucial para exigir al Gobierno nacional explicaciones sobre las implicaciones de la Resolución 377 de 2024 y para garantizar que las decisiones sobre el ordenamiento territorial respeten la Constitución, los derechos de las comunidades y los principios de desarrollo sostenible. Además, presentaré una Acción de Nulidad Simple; medida no sólo busca que el acto administrativo sea declarado ilegal, sino también solicitar medidas cautelares de suspensión provisional. Esto permitiría detener los efectos de la Resolución 377 de 2024 mientras se analiza su legalidad, evitando que las comunidades y sectores económicos sufran daños irreparables durante el proceso judicial”, sentenció.
Nicolás Albeiro Echeverry invitó a las autoridades locales, gremios económicos y a la sociedad civil a acompañarlo en esta causa, defendiendo los derechos de la región y exigiendo al Gobierno nacional transparencia, concertación y respeto por el ordenamiento jurídico colombiano.
