Por: Eduardo Aristizábal Peláez
Dice el artículo 191 de nuestra Constitución Política de Colombia que, Para ser Presidente de la República se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 30 años.
Hablando en plata blanca, tenemos que aceptar que son más las condiciones para ser mensajero de una farmacia, en donde exigen al menos haber terminado bachillerato, que para ser Presidente de Colombia, pero esa es la justa y equitativa democracia, que le permite a todos los colombianos aspirar a dicho cargo.
Y como las condiciones no obligan saber leer y escribir, tampoco está obligado a conocer, al menos, la Constitución. Es además el Presidente Suprema Autoridad Administrativa, pero no importa que no sepa que el Proceso Administrativo supone planear, organizar, ejecutar y controlar. No sé, pero ese artículo 191 de la Constitución, ya se me está pareciendo a la publicidad engañosa.
Pero en nuestro país, con la bandera de la democracia se engaña a mucho ingenuo. Y hasta aquí todo parece un chiste, o al menos una simple exageración, porque tenemos claro que en la práctica la carrera hacia la Primera Magistratura de la Nación es por un camino largo y culebrero.
Pero todo lo anterior, para que entendamos porque las entidades del Estado son tan mal administradas, pues simplemente fungen como administradores públicos, políticos con limitados conocimientos de la cosa pública, pero muy hábiles y a veces habilidosos para abusar de la ignorancia del pueblo, respaldados por adinerados empresarios, que con base en robustas campañas publicitarias, que en este caso sería propaganda, logran captar el voto de los electores. También aceptamos que hay excelentes excepciones.
Como no va a ser importante para una ciudad, un departamento, un país, contar con personas calificadas que al menos cuiden y sepan manejar el erario público. La política permite que cualquier persona sea gerente de un municipio, un departamento o el país. Hay más condiciones para acceder a otros cargos y eso está bien, como acreditar la calidad de profesional, pero para los cargos de elección popular se elige a cualquiera, o sino coja la lista del Concejo de su municipio, de la Asamblea del departamento y también la del Congreso.
Si en la Rama Judicial y en algunos sectores de la Administración Pública se recurre a los concursos para la escogencia y ascenso en los cargos, porque no inventarnos un sistema de selección previa, seria y científica, pues ya vemos que los partidos o movimientos políticos avalan personas que no cumplen con los requisitos y no hay sanciones, no pasa nada, todos muertos de la risa.
Lo extraño es que los políticos serios e idóneos hacen mutis por el foro y nunca se pronuncian sobre estos hechos y por eso sobre ellos también recaen los ataques a todos los políticos, en una falsa generalización, que habitualmente hace el ciudadano del común.
Decantemos y mejores los sistemas de nombramiento y elección popular y eduquemos también a los electores. Es todo.