Por: Jaime A. Fajardo Landaeta
La trinidad narcotráfico – conflicto armado – solución negociada está conformada por identidades que se confunden “en una sola y única esencia”, así que amerita la dedicación de los mayores análisis y debates, porque no me imagino una mesa de negociación con las Farc, o una política de sometimiento con las bandas emergentes, sin abordar de frente el narcotráfico con todas sus raíces y secuelas.
No se trata solo del problema de la extradición o no de los capos o jefes guerrilleros, sino también de aspectos como las rutas de embarque y envío, las plantaciones de coca, los laboratorios, las Rentas legales ilegales y -lo más importante-: el negocio internacional y sus diversos tentáculos, que se concreta en el surgimiento de muchas y muy prósperas empresas multinacionales que tuvieron origen en dineros ilícitos. El problema de la extradición ya no es llamativo, muchos capos caminan hoy tranquilos por las calles gringas, con sus familias, luego de haber transado con el gobierno de ese país para repartirse el siempre jugoso botín.
El gobierno Santos ha dado pasos significativos para allanar la vía de la solución negociada, evidentes en iniciativas como la ley de víctimas y de restitución de tierras, pues todos sabemos su impacto en la pervivencia del conflicto armado. Pero, y el narcotráfico ¿qué? Es hora de que Colombia desate el gran debate que este asunto requiere, buscando la adopción de iniciativas más acordes con la realidad de la violencia que padecemos.
Como grandes responsables de nuestro conflicto armado, los Estados Unidos son los llamados a presentar alternativas que ayuden a encontrar una solución negociada. Porque ellos impusieron una política antidrogas nefasta, pero que les favorecía; porque diseñaron también unas políticas contrainsurgente, en décadas pasadas, que solo sirvió para echarle más leña al conflicto colombiano. Y porque mientras sigan mirando el fenómeno del narcotráfico solo desde el punto de vista de sus fronteras, aquí nos mantendremos bajo el rigor de la violencia a favor de la consolidación del negocio en el gran mercado de sus consumidores.
Punto final: Se veía venir el incremento de las prácticas de extorsión en Medellín y el Valle de Aburrá, pero no podemos quedarnos como loras en sus estacas, parloteando sin ventilar soluciones. Apoyemos la Administración Municipal en su esfuerzo de convocar una gran cruzada contra este flagelo, en la que participe el sector privado con una amplia gama de iniciativas.
