Por: Ramón Elejalde Arbeláez
En diciembre de 1997, a escasos días de terminar su período el gobernador Uribe Vélez, celebró el contrato para la construcción del túnel Aburrá-Oriente. Dada la imposibilidad económica del Departamento para cofinanciar el túnel, hasta el año 2004 no se había construido un centímetro de la obra. Esto llevó a que el gobernador Aníbal Gaviria liderara una modificación del contrato y se hicieran las inversiones en la doble calzada Las Palmas.
El actual gobernador promovió la aprobación de una ordenanza en la cual el Departamento se comprometió con 60 mil millones de pesos para el túnel a oriente, el IDEA con 140 mil millones de pesos, 90 mil millones de pesos por concepto de valorización y 500 mil millones de pesos por peajes administrados por el concesionario, para un costo total de 790 mil millones de pesos.
Hoy no se conocen los diseños definitivos de la obra y ya se ha anunciado en varias ocasiones que el inicio de la misma sería terminando el primer semestre de este año. A estas alturas no se ha estudiado la geología de la zona ni quién asume los riesgos geológicos. No se conoce el cierre financiero por concepto de valorización, quiénes lo van a pagar, no se ha hecho el estudio socioeconómico, a cuáles municipios del oriente antioqueño afecta y si también incluye a Medellín. Tampoco se tiene claro la intervención del IDEA. No hay claridad si Medellín tiene suficientes vías para llevar y distribuir los vehículos que transitarán por el túnel. La construcción del túnel no tiene licencia ambiental y hay denuncias serias por el impacto sobre nacimientos de agua en la zona. Ante tantas incertidumbres, frente a un contrato de tal magnitud, no se entiende por qué la Gobernación quiere firmar contrato e iniciar obras.
Incoherente el gobernador. Iniciando su administración se refirió a la obra de Las Palmas como una vergüenza de la ingeniería antioqueña y hoy le quiere confiar a los mismos constructores el túnel.
Pero hay dos temas adicionales. Cuando el concesionario entregó la obra que comprende Los Balsos-Alto de Las Palmas, la anterior Administración departamental dejó una constancia en el sentido de que se reservaba las reclamaciones por la estabilidad de la vía. La actual Administración departamental autorizó al concesionario hacer la estabilización de la vía, pero con recursos futuros de la concesión destinados a atender la construcción de varías vías en el oriente. Hasta la fecha se han autorizado para esta actividad más de 17 mil millones de pesos. Es indudable que el concesionario, que es quien hizo los diseños y la construcción de la vía, debe hacerse responsable de la estabilización y por tanto el Departamento debe cobrarle a él ese valor o hacer efectiva la póliza de estabilización, la cual vence en marzo del año entrante.
El otro lío jurídico y económico que existe entre el Departamento y el concesionario de la conexión vial Aburrá-Oriente es que con una avalancha que hubo a principios de este año se destruyó un viaducto y se han dado opiniones en el sentido que las fundaciones de esta obra no fueron lo suficientemente profundas y además que no se hicieron sobre roca firme. El viaducto tiene un valor cercano a los 15 mil millones de pesos y todavía el concesionario no le ha dicho al Departamento que se hace responsable de asumir los costos de la obra, como le corresponde.
El gobernador le quiere entregar a dedo a un concesionario una obra por valor cercano a los 800 mil millones de pesos, con el cual tiene dos líos por valor de 32 mil millones de pesos. Es necesario que los organismos de control vigilen este proceso.
