Por: Frank Pearl
En el marco de la Conferencia de Rio+20, el Presidente de la República anunció la delimitación de 17,6 millones de hectáreas como zona estratégica para la minería. El área comprende gran parte de la Orinoquia y la Amazonía, y allí se congelará, por un período de 10 años, la entrega de títulos mineros. Esto equivale a proteger un territorio del tamaño de un país como Kwait durante ese tiempo, para poder replantear el ordenamiento territorial de una manera sostenible.
Esta medida ha generado toda suerte de polémicas. Y es comprensible. Se trata de una de las zonas de mayor biodiversidad y mayor vulnerabilidad del país. Allí se encuentra buena parte de la riqueza natural de los colombianos y los servicios ecosistémicos que presta son invaluables.
Por esto, hay quienes piensan que la medida pone en peligro a la Amazonía. Quienes creen que declarar las zonas estratégicas arriesgaría el patrimonio ecológico y social de la nación. A mi juicio se equivocan. El verdadero dilema no es si el gobierno protege todo el territorio o deja explotar todo el territorio. Lo que debemos resolver es dónde y cómo deja el gobierno explotar los recursos para el bienestar de los colombianos sin afectar el medio ambiente o mitigando efectos adversos.
La mayoría de estas zonas continuarán teniendo una vocación de conservación de la biodiversidad, y sólo se escogerán algunos puntos en los cuales se permitirá la minería.
Declarar zonas estratégicas no equivale a entregar para explotación minera la totalidad el territorio. Muy por el contrario, implica un mayor rigor a la hora de titular, y de otorgar una licencia ambiental.
Al desmontar el principio de “primero en el tiempo, primero en el derecho”, que permitió durante años a casi cualquier colombiano obtener un título con requisitos irrisorios, la Agencia Nacional Minera podrá determinar quiénes, por su idoneidad técnica y su capacidad de operar con los más altos estándares ambientales y prácticas sociales, serán los encargados de aprovechar la riqueza natural del subsuelo y dónde será esto posible.
Es cierto que el Estado enfrenta un gran reto. Pero también lo es que el statu quo no es esperanzador. Defender el caos en la titulación, la minería ilegal, el control territorial de los grupos al margen de la ley, la colonización descontrolada, la deforestación y, lo que es peor, la insuficiencia de las medidas de control por parte del Estado sobre estos fenómenos, es desconocer que las zonas más vulnerables y con mayores riquezas en biodiversidad de la nación están en peligro. Es pensar que la riqueza de su subsuelo, que ya muchos han encontrado y extraen sin ningún control, va a quedar inexplotada.
Ya está visto que la realidad es otra. Que allí en la misma Amazonía la minería ilegal está extrayendo el coltán, el oro y otros minerales de altísimo valor en el mercado. Las dragas y las retroexcavadoras ya están haciendo sus estragos. El país tiene esas dos riquezas enormes, la de la biodiversidad y la de los minerales y hay que encontrar un camino para que los colombianos tengan la prosperidad que se merecen sin comprometer el entorno.
El Gobierno piensa con esta medida poner orden en una región donde hay caos. Queremos asegurar un manejo consciente y responsable de los recursos naturales y de las comunidades.
Las zonas estratégicas de minería son una gran herramienta si sabemos administrarla. Ninguna medida normativa o administrativa es la panacea. Todo depende de cómo aprovechemos un instrumento de control que el Estado ha puesto al servicio de los sectores minero y ambiental. El problema no termina con la declaratoria de las zonas estratégicas mineras. Ahí comienza el verdadero reto.
