El pasado 20 de julio, se posesionó el nuevo Congreso, que deberá legislar durante el cuatrienio que termina el 20 de julio de 2022.
El Centro Democrático, se consolidó como el partido mayoritario del parlamento y aquello nos da una mayor responsabilidad. Es obvio que como partido de gobierno, acompañaremos decididamente la agenda legislativa que nos proponga el presidente Iván Duque a partir del próximo 7 de agosto.
Santos entregará a una Colombia descuadernada que nos corresponde reorganizar. El tiempo es muy corto, así que no podemos perder un solo minuto en nuestro propósito de implementar el estupendo programa de gobierno propuesto por el nuevo presidente de la República y por el que votaron más de 10 millones de ciudadanos.
La buena voluntad y la decisión de trabajo con la que asumimos este nuevo periodo se ve empañada por un hecho deleznable: la presencia de los peores genocidas de nuestra historia en el Capitolio Nacional.
10 de las curules que la democracia ha reservado para los representantes del pueblo, han sido ocupadas por unos criminales de la peor laya, responsables de haberle causado un inmenso dolor al pueblo colombiano.
No son ni serán bienvenidos. Mucho menos tratados como si fueran unos representantes legítimos de los electores. Esos sujetos ocupan los escaños que les regaló el presidente Santos a pesar de que la mayoría que concurrió a las urnas el día del plebiscito votó en contra de ello.
Durante mi primer periodo en la Cámara de Representantes, di una lucha en solitario por visibilizar la tragedia que padecen los niños reclutados forzosamente por las Farc. Reclamé, sin éxito alguno, la liberación de todos los menores que fueron esclavizados. Tanto el gobierno como los cabecillas del terrorismo desoyeron mis reclamos y al final, solo unos cuantos volvieron a sus hogares, sin que hoy sepamos cuál fue la suerte que corrieron miles de ellos de los que no tenemos noticia alguna.
Es inadmisible que en el sagrado recinto de nuestra democracia, vayan a estar 5 senadores y 5 representantes de las Farc, dictando cátedra, justificando sus delitos y burlándose de sus víctimas.
No pueden ser actores legítimos de la democracia aquellos que han atentado contra ella. No pueden ser representantes del pueblo quienes no gozan de respaldo ciudadano ninguno; no tienen legitimidad política los que empuñaron armas y utilizaron explosivos para desestabilizar nuestro Estado de derecho.
Hasta el momento, la fiscalía general de la nación tiene material probatorio suficiente para demostrar que las Farc reclutaron al menos 5252 niños. Aquel, por ser un crimen de lesa humanidad, no prescribe y, de acuerdo con el Estatuto de Roma, sus responsables deben ser castigados con penas reales y no simbólicas como las que pretende imponer la cuestionadísima jurisdicción especial de paz.
Así que los individuos que hacen parte de la mal llamada “bancada” de las Farc, más vale que estén preparados para asumir el debate que les será planteado. Cuantas veces sea necesario, se les inquirirá por la suerte de todos esos niños a los que ellos, los terroristas que integran esa banda criminal, les acabaron la vida alejándolos del seno de sus hogares para llevarlos a los horribles cambuches en los que a la fuerza y contra su voluntad, los convirtieron en esclavos del terror.
