Por: Margarita María Restrepo
Nos corresponde rechazar vehementemente la propuesta de la Fiscalía General de la Nación que busca suavizar las penas a quienes incurran en delitos contra los menores de edad.
Es inadmisible que el ente acusador quiera hacerle la vida fácil a los delincuentes que atentan contra la integridad de los niños de Colombia. Mientras las sociedades civilizadas endurecen los castigos contra violadores y abusadores de menores de edad, Colombia emprenderá el camino equivocado de flexibilizar las sanciones.
En el fondo de la iniciativa de la Fiscalía está, de paso, reducir el castigo por el reclutamiento forzado de menores en que está incursa toda la cúpula de la guerrilla de las Farc.
Analicémoslo en los siguientes términos. De todos los delitos atroces que ha cometido la guerrilla de las Farc, por el único que sus comandantes difícilmente se pueden salvar de la justicia internacional es, precisamente, del reclutamiento forzado de niñas y niños.
Como lo he dicho en diferentes oportunidades, la Corte Penal Internacional es inflexible frente a este crimen por el que ya ha proferido sentencias ejemplarizantes. Entonces, llama la atención que la Fiscalía, que no ha ocultado su interés de garantizar impunidad para los jefes de la guerrilla, pretenda rebajar las penas de los delitos cometidos contra los menores, entre ellos el del reclutamiento forzado.
¿Quiere el Fiscal imponer también penas simbólicas por el reclutamiento para así decirle al mundo que la justicia colombiana sí operó? Valga recordarle al doctor Montealegre que la CPI es clara al decir que la justicia internacional actúa cuando hay impunidad y se entiende por ésta la imposición de castigos que no se compadecen con el daño causado a la humanidad.
La sociedad no puede ser cobarde cuando de castigar a quienes atentan contra la niñez se trata. Cometer crímenes y abusar de los menores es el más execrable delito que pueda ofender a una nación. No podemos enviar un mensaje equivocado, no podemos permitir que la justicia no llegue a quienes violentan a nuestros niños.
Contrario a lo que cree la Fiscalía, yo soy defensora de la tesis de endurecer las penas por los delitos contra la infancia. Por eso, en la próxima legislatura que empieza el 20 de julio, presentaré un proyecto de ley que busca aumentar los años de cárcel y las multas a quienes sean hallados responsables del delito de reclutamiento forzado de menores.
Hoy, el código penal prevé penas que oscilan entre los 6 y 10 años de prisión. De acuerdo con mi propuesta, la pena quedará entre 10 y 18 años. Así mismo, propongo que quien sea condenado por este delito no podrá ser beneficiario de indulto o amnistía y le será impuesta una multa de 2 mil a 4 mil salarios mínimos mensuales vigentes.
La sociedad no puede ser débil frente a los criminales. Mucho menos puede equivocarse al rebajar sustancialmente los castigos a quienes atentan contra nuestro futuro encarnado en la niñez.
Espero sinceramente que la fiscalía recapacite y retire esta inconveniente iniciativa que mucho daño le hace al país.
