Por: Eugenio Prieto Soto
El Gobierno Nacional, ha identificado la infraestructura de transporte como una locomotora estratégica de crecimiento, que le permita pagar una “…deuda con la población y el sector productivo de unir el territorio y llevar, con mayor seguridad, prontitud y a menores costos, los productos y las ideas de los colombianos al resto del país y al mundo”. Valoramos que esta locomotora esté dirigida a impactar positivamente en la competitividad, pero consideramos un enorme vacío del proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo -PND-, que no esté igualmente orientada a impactar la movilidad de las personas.
En materia de movilidad de mercancías, en principio, nada habría que objetar al PND. Salvo que incluye materias que racional y sistemáticamente se corresponden con la movilidad de las personas, como es el caso de la seguridad vial. Sin embargo, en ese preciso aspecto, se aprecia un vacío casi absoluto de categorías y definiciones conceptuales, aunque no así de medidas, que, no obstante, al carecer de un ensamble lógico en una Política general de Movilidad en muchos casos son simplemente propuestas cuantitativas tan discutibles como probablemente inútiles para paliar los graves problemas que en materia de movilidad de las personas, vive nuestro país.
El problema, contrario a lo que pueda parecer, no es tanto de emplear recursos, sino de organización de las decisiones, porque la movilidad no se garantiza a base de emprender obras sino de estructurar recursos. Y eso se consigue poniendo en marcha, como han hecho las naciones más avanzadas, una Política de Transporte mucho antes que una Política de Obras. Ello comporta, como en todas las grandes decisiones políticas, una regulación normativa que asiente las bases de las acciones concretas que deberán acometerse para garantizar a todos los colombianos una movilidad efectiva.
Situada en el umbral del siglo XXI, Colombia se encuentra estrangulada por la inexistencia de redes adecuadas de movilidad que posibiliten el desplazamiento de las personas tanto en el interior de las ciudades como desde un municipio a otro y por tanto, precisa de una política que siente las bases para resolver la movilidad de las próximas generaciones.
Un potencial estrangulamiento total de la movilidad, que además de impedir el desplazamiento de las personas, amenaza de manera tangible los flujos económicos. Algo que se debe a dos causas que operan en la misma dirección negativa: la falta de previsión de generaciones anteriores, que preocupadas por los problemas inmediatos, olvidaron construir la movilidad del futuro, y los avances positivos en materia de orden público, que han permitido el libre desplazamiento de la ciudadanía, generando en importantes zonas del país un incremento sin precedentes de la demanda nacional de movilidad.
Para hacer frente al clamor nacional de movilidad que actualmente siente la sociedad colombiana, se precisa elaborar un Plan Nacional de Movilidad que garantice el desplazamiento de los colombianos tanto en el interior del país como en las ciudades, y que procure soluciones tanto inmediatas para afrontar, a modo de paliativos, la actual insostenible situación, como para programar el desarrollo futuro de la movilidad colombiana.
Por ello, desde la Comisión VI del Senado de la República, estamos proponiendo, se incluya en el PND, un apartado que contenga una definición de principios y contemple los presupuestos sobre los que deberá discurrir la Política de Movilidad para los próximos cuatro años en Colombia. Sólo así se conseguirá que los colombianos del mañana no padezcan la difícil situación que ahora atravesamos en materia de movilidad y que está lesionando de manera cierta e inaceptable nuestros derechos como seres humanos y como ciudadanos de una República moderna.
