Por: Eugenio Prieto Soto
Tal vez con más nostalgia que realismo, asistimos a la transformación de uno de los servicios públicos que más han caracterizado nuestra época, “el teléfono fijo local ”, pues el surgimiento de sistemas integrados de telecomunicaciones, la multimedia, la movilidad, lo inalámbrico y con ello las redes ubicuas hacen insostenible la permanencia de este tipo de servicios y con su mutación la de sus prestadores, que después de haber atendido por muchos años mercados locales, hoy se enfrentan a un nuevo mundo, el de lo virtual y lo globalizado.
En el caso de Medellín, una transformación como la que se pretende, toca a fondo la estructurara orgánica de la administración Municipal en materia de TIC y debe corresponder al desarrollo de políticas públicas territoriales en las que se tenga en cuenta el mejoramiento continuo de la vida de los ciudadanos, la protección de los usuarios, la universalización de los servicios y la masificación en la utilización de las tecnologías de la información.
Si queremos ser líderes en la sociedad de la información, debemos entender que ello no es posible bajo las concepciones tradicionales de la administración pública y del Estado, ni dejar en manos de los particulares la suerte del desarrollo y la equidad, sino que en ejercicio de formas propias de las democracias participativas, el Estado y los particulares deben actuar en forma conjunta para el desarrollo de todos. Como avance en la vía de que Medellín disponga de un operador especializado en TIC y que tiene aspectos relevantes sobre los que debe decidir, propongo algunas salvaguardas sustanciales para el debate.
1º: La alianza estratégica no puede originarse en la venta total o parcial de Une, ni puede permitir que existan mecanismos que permitan diluir la participación del Municipio en la nueva o nuevas empresas que lleguen a constituirse dentro del citado proceso.
2º: La alianza que se realice debe hacerse con un operador de servicios de telecomunicaciones con amplia experiencia y reconocimiento y no con inversionistas o con proveedores de equipos como en buena medida se hizo con los contratos de asociación a riesgo compartido.
3º: En ningún caso el Municipio de Medellín (directa o indirectamente) debe participar como socio minoritario en la alianza que se realice y las autorizaciones del Concejo deben fijar explícitamente los límites de la participación.
4º: La sede de operación de alianza debe ser Medellín y el Valle de Aburrá, con el fin de promover el desarrollo regional, utilizar la mano de obra capacitada de la región, disminuir los niveles de desempleo, obtener transferencia tecnológica y conocimientos especializados, y generar tributos territoriales que se redistribuyan en la comunidad local.
5º: La alianza debe incluir la necesaria inversión en redes y equipos que permitan convergencia plena para la prestación de servicios fijos y móviles de voz, datos y videos. La alianza debe traer como resultados más y mejores servicios y tarifas para todos.
6º: Se deben establecer mecanismos que garanticen que los derechos de los actuales trabajadores de Une no serán vulnerados y que sus nuevas condiciones de trabajo no serán menos favorables que las existentes.
7º: No se deben correr riegos que pongan en duda que los usuarios más pobres de Une sigan recibiendo subsidios, tanto en el caso de la telefonía como en internet, tal como lo prevé el Plan Nacional de Desarrollo.
En otros términos, las transformaciones que se hagan a Une, deben ser pensando en la protección del patrimonio público, en que el Municipio no puede seguir generando pérdidas en la operación de estos servicios y en que finalmente en la región debemos proteger el desarrollo económico y social, la incorporación de nuevas tecnologías, nuestra participación en la sociedad de la información, la universalización de los servicio y los derechos de los usuarios.
