Por: Eugenio Prieto Soto Como diputado lideré profundos debates para el análisis de la Asamblea al manejo de una institución que como el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, creció hasta sufrir de gigantismo, hasta ser incapaz de enfrentar sus responsabilidades con la comunidad y de atender los justos reclamos de los diferentes estamentos, por cambios administrativos que le garantizaran su permanencia, que le devolvieran su dignidad y pertinencia. El proceso liderado por estudiantes, profesores, egresados y trabajadores por transformar su Institución, condujo al nombramiento del doctor Juan Camilo Ruiz, quien, con la compañía de los gobiernos departamentales, provocó transformaciones substanciales con miras a crear las condiciones necesarias para convertirlo en la Universidad Politécnica de Antioquia y hacerla aliada del Tecnológico de Antioquia y del Alma Mater en la formación de una comunidad científica, investigativa y docente consolidada y acrisolada en los valores regionales que guíe los procesos de desarrollo del Departamento.
En esta gestión, el Poli recupero credibilidad y logró estabilidad académica. Los grupos de investigación, el proceso de registro de sus programas y el de acreditación de alta calidad para seis de ellos son logros académicos que le dieron el lugar preeminente que había ocupado otrora y que confirma la especialización de sus saberes y formación. En lo económico y financiero, se saneo una inexplicable deuda de $11.600 millones, se generó un superávit cercano a los $3.000 millones y excedentes por convenios de alrededor de $4.000 millones. Con la reestructuración se logró un ahorro acumulado, a diciembre 31 de 2006 de $17.841 millones. El ahorro pudo ser superior, pero en justicia, a partir del año 2003 se actualizó el escalafón docente y se aplicó la nivelación salarial del personal administrativo con retroactividad al año 2000. En el 2007, el Gobernador Aníbal Gaviria dejó en el IDEA, recursos en caja por más de $13.000 millones con destinación exclusiva a la acreditación del Politécnico JIC como universidad.
En contraste, en el 2009 el déficit es superior a los $2.500 millones por lo que se recurre constantemente a créditos de tesorería. Los estudiantes, alrededor de 12.000, aportan el 65% del presupuesto de funcionamiento del Poli. Lamentablemente los recursos dejados en el IDEA, no se han ejecutado. En renuncia presentada por el Vicerrector de Docencia Fabio Humberto Torres Lozano, le expresa al Rector, que “…la carencia de un sistema de planeación institucional que contenga las tres vicerrectorias, entraba y dificulta la realización de una gestión integral que debería ser liderada por la rectoría. Esta debilidad, impide el seguimiento y la rendición de cuentas ante una comunidad que demanda resultados”.
Definitivamente el Politécnico no es el mismo. En dos años de gestión quedaron rotas las relaciones con los alumnos; quedaron estancados los proyectos de desarrollo físico e institucional, a la espera de ideas que nunca llegaron; se debilitó la esperanza de conseguir la acreditación universitaria. Por ello, como resultado de un largo proceso de deliberación y movilización -sin caer en la anarquía, con la fuerza que dan los argumentos cuando se sustentan con altura y cuando estos soportan la razón-, la Organización Estudiantil del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, logró que el Consejo Directivo, se comprometiera a presentar para el 18 de agosto, las propuestas de una Reforma Administrativa, un alivio en matrículas, fortalecer el programa de regionalización y mejorar la calidad educativa de la institución.
Además se acordó que para el 30 de julio el Consejo Directivo se pronunciaría sobre la evaluación al personal directivo y desarrollaría un artículo del Estatuto que le permitiría definir un instrumento de evaluación a los rectores y las posibilidades de remoción antes del cumplimiento del mandato de su periodo. No sabemos si es coincidencial que en esta fecha el rector haya anunciado la dejación de su cargo. Sobre la gestión de dos años, el rector saliente reclama le sea reconocida la aprobación del proyecto de ley por el cual se autoriza al Departamento a crear una estampilla que permita recaudar cien mil millones de pesos para inversiones físicas cuantificadas a precios de hoy. Permaneceremos atentos al desarrollo de la iniciativa trabajada por los congresistas antioqueños y a la que todavía le falta la definición más importante, que es la de establecer los ingresos a gravar.
