Óscar Vallejo, presidente de Sintarisagen, está convencido de que la intención de venderle Interconexión Eléctrica S.A –ISA- a Ecopetrol, es un negocio contraproducente para el patrimonio público, el cual no debe ser vendido y, en consecuencia, no debe constituirse en una privatización disfrazada.
Vallejo dice que lo que el Gobierno nacional busca es hacerle el quite a la Ley 226 de 1995, mediante la cual se busca la democratización en la enajenación de propiedad accionaria estatal, acelerando la venta de ISA a privados, sin que tengan que pasar por las exigencia de le Ley.
“El 51.4% de las acciones de ISA pertenece a la Nación. Para poderla comprar, Ecopetrol deberá vender otro 8.5% de sus acciones a privados. Los colombianos perderemos participación en las utilidades de ISA de un 10.13% que irán a parar en las arcas de los accionistas privados de Ecopetrol, entre los que se cuentan JP Morgan y los fondos privados de pensiones”, dijo en Sinergia Informativa.
Óscar Vallejo explica que ISA y Ecopetrol son empresas estratégicas que deben estar bajo la órbita de la Nación para evitar que el monopolio energético pase a manos del sector privado. Agrega que la posición estratégica de Colombia en América frente al centro y al sur del Continente, garantiza el desarrollo de los negocios energéticos del País.
ISA es la empresa de transmisión de energía eléctrica más importante de Colombia, ya que conecta el 80% de la red nacional y cuenta con 43 empresas filiales en toda Latinoamérica. Además cuenta con más de 4.000 trabajadores directos.
“No tiene sentido que el Estado dedique todos los esfuerzos a madurar estas empresas, las mismas que transfieren utilidades al País, para luego salir de ellas. Cuando se privaticen todas las empresas estratégicas públicas, no habrá ingresos para el presupuesto, y serán las reformas tributarias las que garanticen estos ingresos para llenar el hueco fiscal de la Nación”, precisa.
Óscar Vallejo espera que los congresistas entiendan el riesgo del negocio planteado por el Ministerio de Hacienda y que, de cara a las elecciones parlamentarias que se aproximan, prime la consciencia de la defensa del patrimonio público sobre sus intereses clientelistas de senadores y representantes a la Cámara.
Organizaciones sociales y personas conformaron el comité “El Patrimonio Público No Se Vende” para denunciar esta privatización que denominan “encubierta”.
