Por: Jaime A. Fajardo Landaeta Plausible desde todo punto de vista la realización en la ciudad de Medellín del V Congreso Internacional Sobre Víctimas del Terrorismo, con la presencia de más de mil 600 víctimas de países como España, Irlanda del Norte, Estados Unidos, Chile, Argentina y Colombia. Bien por la presencia de los Príncipes de Asturias Felipe de Borbón y Letizia Ortiz, del Presidente de México y por ende de delegaciones del todo el país y la participación del presidente Uribe, el Gobernador de Antioquia y el Alcalde de Medellín.
Resulta del mayor interés profundizar en el drama padecido por cada una de las víctimas asistentes. Allí se dieron cita personajes tan cercanos en el dolor reciente y todavía no superado como Alan Jara, Clara Rojas, Oscar Tulio Lizcano, Orlando Beltrán, Sigifredo López, Juan Lettelier, Emmanuel Rojas, Raimundo malagón, María Romero, entre otros. Ellos emocionaron al público con sus relatos y clamaron para hacer visible a esta población y para que se concreten los diferentes procesos de reparación.
Lo que nos extraña es que dejaron de lado o minimizaron a muchos de los sacrificados en el conflicto armado, incluidos los del terrorismo de Estado como los falsos positivos, los que produjo la nefasta doctrina de seguridad nacional, los que son tildados de “terroristas” solamente porque disienten del gobierno de Uribe, o los perjudicados por el desmadre paramilitar y por la conjunción de acciones entre la Fuerza Pública y los grupos ilegales.
Queda un tufillo en el ambiente de que precisamente se perseguía eso: menguar ante la opinión pública nacional e internacional el impacto que produce el número creciente de afectados por el conflicto armado, principalmente por el lado de las AUC, desconociendo el efecto de los errores de las políticas nacionales en este campo, y de los falsos positivos, y por ende hacer un evento de gran impacto para que el Gobierno recogiera respaldos y mostrara a nuestro país como el abanderado de la reparación, la justicia y la verdad, en contravía de la realidad.
¿Por qué en el Congreso no estuvieron en primera línea los familiares de los muchachos asesinados como consecuencia de los falsos positivos? ¿Por qué se eludió el tema de las víctimas del terrorismo de Estado impulsado por Fujimori en el Perú? ¿Qué evaluación se hizo del mandato de un Pinochet signado por múltiples masacres? ¿Por qué en la cuna de las Madres de la Candelaria pasó desapercibida su obstinada práctica del “plantón” semanal en el Parque de Berrío?. Porque no se dijo que en medio de los padecimientos de los obreros bananeros de Uraba, hoy crearon a Corpolibertad? Acaso no era un evento internacional que debería, al menos, “mencionar” esos hechos?
No nos llamemos a engaños, el problema acá no es de multitudes, ni sólo de presencia de delegados muy reconocidos en el ámbito internacional: lo evidente fue el afán por realizar un evento de sonora trascendencia, para soslayar las verdaderas raíces de nuestro conflicto armado y ocultar las consecuencias de la inaplicación de la justicia en países que, como Colombia, dejan a miles de afectados sin reparación y sin certezas sobre sus familiares desaparecidos.
Ni siquiera se hizo alusión a la burla de que fue objeto el espíritu de la Ley 975, de Justicia y Paz, al extraditar a los jefes paramilitares, así como a la forma como se esconde la verdad para que las víctimas no sean individualizadas ni reparadas, y para que los verdaderos responsables del fenómeno paramilitar sigan gozosos amasando fortunas, mientras sus responsabilidades se desvanecen en un clima de injusticia.
Claro que aplaudimos que se arroje luz sobre las consecuencias que para la población ha tenido el terrorismo, como es el caso en Colombia del accionar criminal de las Farc y el ELN, y para exigirles que sean consecuentes con su responsabilidad histórica y liberaren a los secuestrados, sin condiciones. Pero usar estos escenarios para tratar de ocultar el universo de víctimas, nos hace pensar en una manipulación en favor del candidato – Presidente, o al menos en que se intenta limitar el alcance de la verdad, la justicia y la reparación, todavía pendientes.
Aun así, seguimos esperando que la política integral de atención a las victimas sea algún día realidad. Y que el Presiente de la Comisión Nacional de Reparación, Eduardo Pizarro Leongomez, pida, como lo acaba de hacer con el caso Yair Klein, se retroceda la extradición de los jefes de las AUC y se exija a Barack Obama que ellos vuelvan al país a cumplir con la ley de justicia y paz y con las victimas que tanto dice defender el doctor Pizarro.
