Por: Rodolfo Correa¿A que nos referimos cuando empleamos la palabra gobernabilidad en el lenguaje político? Ciertamente, el abanico de posibilidades es bastante extenso; sin embargo, bien merece la pena invertir los esfuerzos académicos en la delimitación del concepto, en definir los alcances de su implementación y en referenciar los problemas que se han derivado y que, aún hoy, se siguen derivando de ello.
Para abordar el tratamiento del tema, diremos que la real academia española, define gobernabilidad como: cualidad de gobernable. A su vez, el término gobernable, se adjudica por el órgano rector de la lengua castellana a aquello que puede ser gobernado, es decir, que puede ser dirigido o mandado con autoridad. O lo que es lo mismo, aquello sobre lo que se puede ejercer gobierno.
Ahora bien, el gobierno, es una actividad encomendada, dentro del Estado, a la rama ejecutiva, que dispone, a su vez, de toda una estructura destinada al cumplimiento de la función administrativa.
En ese orden de ideas, el ejercicio de la actividad estatal – o ejercicio del poder estatal- que puede denominarse gobierno, resulta condicionado a múltiples factores, factores a cuya satisfacción se le da comúnmente el nombre de gobernabilidad.
Así las cosas, resulta entendible la forma en que Manuel Alcántara concibe la gobernabilidad como la situación en la que concurren un conjunto de condiciones favorables para la acción de gobierno, que se sitúan en su entorno o son intrínsecas a éste; y porque los problemas de gobernabilidad pueden ser dimensionados como déficits en la capacidad de los gobiernos e instituciones democráticas para procesar los conflictos, lo que afecta sus niveles de eficacia y de legitimidad.
Cuando un sistema político procesa las demandas societales y da respuesta a los conflictos ciudadanos existentes conforme –entre otros aspectos– a las reglas de juego que establece ese marco institucional y a las expectativas de los actores intervinientes, puede decirse que ese sistema es gobernable.
Sin embargo, la actuación recurrente de “actores estratégicos” (burócratas, empresarios, partidos, militares, paramilitares, guerrilleros, activistas de movimientos sociales, entre otros) sobre la acción del Gobierno, cuestionando el modo en que funcionan esas reglas de juego, planteando cambios en el desarrollo de los mismos o, simplemente, promoviendo su incumplimiento, afecta la manera en que se dan las condiciones de gobernabilidad del sistema.
Debido a lo anterior, es que algunas administraciones acuden a prácticas “non santas” para permitir la gobernabilidad, o en Medellín, algunos, la “Don Bernabilidad”.
