Por: Jaime Jaramillo Panesso
El asesinato de cuatro niños en el Caquetá, hijos de una guerrillera desertora de las Farc, razón presumible por la cual los mataron, opacó el debate que suscitó el expresidente César Gaviria, en momentos en que el proceso de diálogos en La Habana se enfría. Este escenario es la verdadera locomotora que conduce la política del Presidente Santos. Le está ocurriendo lo mismo que a las máquinas de las desaparecidas líneas férreas cuando se agotaba el carbón que alimentaba la caldera productora de vapor. Para darle respiración artificial al Presidente Santos, Gaviria salió al quite con una figura parecida a la ley de punto final, con el propósito de que todos los grupos armados y sus presuntos apoyos gremiales o personas no combatientes del aparato logístico, quedaran cubiertos por la no imputabilidad de sus delitos mediante la justicia transicional. Incluía también a los militares incursos en delitos derivados de la guerra.
La única ley vigente con criterio de justicia transicional en Colombia es la ley 975, ley de Justicia y Paz del año 2005, opacada por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, aprobada en los inicios del primer mandato de Santos y que el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, llenó de elogios y de esperanza cierta que sería, además, la gran reforma agraria contemporánea. Las víctimas y sus esclarecidos voceros humanitarios pasaron a primera plana. Cuánto ruido, lagrimones y protagonismos de cartulina presenciamos. Hoy nadie habla del asunto. Pero la ley de Justicia y Paz sigue en pie y desafía no al tiempo, sino a que hagan otra con la inspiración de César Gaviria.
En un arranque de “emoción patriótica” para saltar por encima de este embrollo creado por las Farc que no le comen la urgencia del gobierno y están seguras de sacarle más ventajas programáticas, Gaviria prepara el camino hacia dos metas: un referendo y la Comisión de la Verdad. Esta Comisión, que supuestamente se crearía para obtener la verdad histórica (no la verdad jurídica), estaría antecedida por la ley estatutaria reglamentaria del acto legislativo aprobado como Marco Jurídico para la Paz, y por el Referendo que aprobaría la no judicialización de las versiones de los guerrilleros y colaboradores de los grupos armados ilegales, denominados no combatientes. Para que la propuesta funcione, Gaviria no teme en dejar en el aire una especie de información privilegiada amenazante puesto “que hasta ahora solo se ha hablado de justicia transicional para los integrantes de la guerrilla como para los miembros de la Fuerza Pública, tanto por parte del Presidente de la República como de los negociadores. Tal decisión deja por fuera a los miles de miembros de la sociedad civil, empresarios, políticos, miembros de la rama judicial que de una u otra manera han sido protagonistas de este conflicto y que tienen cuentas pendientes con la justicia colombiana.”
¿Es suficiente un referendo que apruebe la no responsabilidad penal de todas esas personas en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra para que queden blindadas ante la Corte Penal Internacional? ¿Está incluida la prescripción de esa tipología de delitos para que después de unos años, no regrese la norma internacional en órdenes de captura por la Interpol? Las buenas intenciones del expresidente Gaviria están cargadas de dudas y , no obstante el coro de aprobación oficial y guerrillera, es necesario señalar que la ley de Justicia y Paz, con todos sus baches que surgieron posteriormente debido a la ortodoxia de las Ong y de los intelectuales de izquierda profariana, y también por la inexperiencia de la rama judicial y la fiscalía, está vigente y debe servir de base para la nueva justicia transicional que, en boca del expresidente Gaviria, es política transicional.
